Acceso al territorio y principio de no devolución

Objetivos de protección

Garantizar a las personas el acceso a un territorio seguro donde puedan solicitar y disfrutar de asilo o protección internacional, mediante:
a) el permiso de ingresar al territorio para buscar y conseguir protección (no se les debe rechazar ni hacer retroceder en la frontera); y
b) la prevención de su devolución o envío forzosos a su país de origen, independientemente de por qué medio, o a cualquier otro país en el que corran riesgo de persecución o de sufrir otras formas de perjuicio grave.

Principios y normas subyacentes

• El principio de no devolución se establece, entre otros, en el párrafo 1 del artículo 33 de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, así como en otros instrumentos internacionales o regionales pertinentes relativos a los refugiados o a los derechos humanos.
• El artículo 33 se complementa con las prohibiciones a las devoluciones expresadas y desarrolladas en la legislación internacional de derechos humanos, como la prohibición absoluta de repatriación si la persona corre el riesgo de sufrir actos de tortura o tratos o penas inhumanos, y la prohibición de la expulsión colectiva.
• Dado que pertenece al derecho internacional consuetudinario, el principio de no devolución es vinculante para todos los Estados, sean o no partes en la Convención de 1951 u otros instrumentos del derecho internacional de los refugiados o de derechos humanos.
• No se permiten excepciones al artículo 33 de la Convención de 1951 ni a ninguna otra disposición de no devolución del derecho internacional. Además, tampoco se permite a los Estados suspender la aplicación del principio de no devolución en tiempos de guerra o de emergencia pública.
• En virtud del párrafo 2 del artículo 33 de la Convención de 1951, se admiten dos excepciones de carácter limitado al principio de no devolución. Sin embargo, las obligaciones derivadas del principio de no devolución en virtud de la legislación internacional de derechos humanos siguen en vigencia, sin excepción alguna.

Riesgos para la protección

• La devolución o envío de personas refugiadas y que solicitan asilo a lugares donde corren el riesgo de ser perseguidas o de sufrir graves amenazas para su vida si se les impide acceder a un territorio seguro o si son enviadas a un país envuelto en un conflicto armado o donde puedan ser objeto de persecución. Este riesgo puede estar especialmente latente cuando las personas que solicitan asilo y los refugiados se desplazan en flujos mixtos (véase la entrada en la que se define el término “migrante”).
• Las personas pueden verse obligadas a acceder a un territorio seguro a través de pasos fronterizos irregulares o por medio de contrabandistas de personas, lo que hace que el viaje se torne arriesgado y peligroso, y que se expongan a un mayor riesgo de sufrir actos de explotación por parte de contrabandistas y de ser víctimas de la trata de personas, ente otros delitos.
• Las personas con necesidades específicas que son rechazadas en la frontera también pueden correr un mayor riesgo al no disponer de la atención, el tratamiento o los servicios que tanto necesitan.

Otros riesgos

No tomar medidas para prevenir la devolución o no responder de manera oportuna y adecuada a las devoluciones constituye una violación de un principio básico de la protección de los refugiados. En virtud de sus obligaciones fundamentales, cuando exista riesgo de devolución, las oficinas del ACNUR deberán interceder por las personas afectadas y brindar una respuesta. No hacerlo podría afectar su reputación y, con ello, comprometer la protección de los refugiados a largo plazo, lo que a su vez podría poner en cuestión su rendición de cuentas.

Puntos de decisión clave

• Se deberán movilizar los recursos humanos necesarios para garantizar un seguimiento adecuado de esta actividad prioritaria y deberán elaborarse informes de manera oportuna.
• Dependiendo del contexto, se deberá interceder ante las autoridades gubernamentales para que el ACNUR y sus socios, según corresponda, puedan monitorear las zonas fronterizas y los distintos puntos de acceso, como aeropuertos y puertos marítimos, y potencialmente establecer una presencia permanente. Sobre todo, si se producen devoluciones periódicamente o hay sospecha de ello.
• Las intervenciones ante el gobierno se deberán realizar de manera oportuna y a través de los canales adecuados.
• Se deberá involucrar, según corresponda, a otros socios para la protección, incluidos el equipo humanitario en el país y el equipo de las Naciones Unidas en el país, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, los órganos creados en virtud de tratados de las Naciones Unidas, y otros mecanismos de las Naciones Unidas, especialmente aquellos con capacidad de “acción urgente”; así como a organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales.